El gobierno de Estados Unidos respaldó el martes 2 de septiembre de 2026 a OpenAI en el pleito que mantiene con The New York Times en un tribunal federal de Manhattan, al sostener que entrenar modelos de lenguaje con textos protegidos por derechos de autor puede encajar en la doctrina de fair use. La intervención, presentada como una declaración de interés en la causa consolidada sobre copyright contra la empresa, explica cómo Washington ve el caso: no solo como una disputa entre una redacción y una tecnológica, sino como una pieza de la carrera industrial y geopolítica por la inteligencia artificial.
La posición oficial, reportada por AP y detallada también por The Verge, afirma que los beneficios creativos y públicos del entrenamiento de grandes modelos “superan ampliamente” el posible daño competitivo que alegan los editores. En términos simples, el Departamento de Justicia separa el aprendizaje estadístico del modelo de los eventuales resultados problemáticos que luego pueda producir un chatbot. Para la administración, penalizar de forma general el entrenamiento con corpus protegidos estrecharía de golpe el margen de desarrollo de toda la industria estadounidense.
Una pelea que ya define el tablero del copyright en IA
The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft en diciembre de 2023, acusándolas de usar millones de artículos sin permiso para entrenar sistemas como ChatGPT y Copilot. El diario sostiene que ese uso no autorizado erosiona el valor de su archivo y abre la puerta a respuestas automáticas que compiten con su trabajo. La causa se volvió una referencia para otros medios, autores y editoriales porque toca la pregunta más delicada de esta etapa de la IA generativa: si aprender de material protegido equivale a una transformación legítima o a una copia que exige licencia.
La entrada del gobierno eleva el caso por dos razones. La primera es jurídica: es la señal más clara hasta ahora de que Washington quiere una lectura amplia del fair use cuando se trata de entrenar modelos. La segunda es estratégica: según la cobertura de Reuters, el escrito advierte que una restricción demasiado dura podría frenar innovación, movilidad económica e incluso intereses de seguridad nacional. Esa última idea no es menor. Sitúa una discusión que parecía propia de tribunales comerciales dentro del lenguaje con el que Estados Unidos justifica su liderazgo tecnológico frente a otros bloques y potencias.
El escrito no decide el caso por sí solo. Es una opinión formal del Ejecutivo, no una sentencia. Pero sí ofrece al juez un marco político y doctrinal que probablemente será citado en otros litigios ya abiertos contra laboratorios de IA. También deja ver una grieta cada vez más visible: mientras algunas redacciones han optado por firmar acuerdos de licencia con OpenAI, otras buscan fijar en los tribunales un precio, o un límite, para el uso de sus archivos.
The Trump administration filed a brief supporting OpenAI against the New York Times. The Department of Justice told the court that the United States has a strong interest in 'rejecting any argument that training LLMs on copyrighted texts violates copyright law,' including on… pic.twitter.com/rSDdxMDJEh
— Andrew Curran (@AndrewCurran_) 2 de septiembre de 2026
Traducción: Andrew Curran resumió que el DOJ pidió al tribunal rechazar la idea de que entrenar LLM con textos protegidos viola por sí mismo la ley de copyright.
Lo que está en juego para medios, tecnológicas y reguladores
Para los medios, la discusión va más allá de OpenAI. Si la tesis del gobierno prospera, reclamar una licencia previa por cada uso de archivo en entrenamiento será mucho más difícil. Eso podría empujar a los editores a concentrarse en dos frentes distintos: perseguir salidas que reproduzcan contenido demasiado cerca del original y negociar acuerdos comerciales cuando el acceso al material sea especialmente valioso. Para las empresas de IA, en cambio, la señal es un alivio político en un momento en que los costes legales empiezan a pesar casi tanto como los de computación.
También hay un matiz práctico. La defensa del gobierno no equivale a una carta blanca para cualquier conducta posterior. Incluso las interpretaciones favorables al entrenamiento suelen distinguir entre aprender de una obra y reproducirla de forma sustitutiva. Esa diferencia importa porque buena parte de las demandas actuales combinan la discusión sobre los datos de entrenamiento con acusaciones sobre salidas, rastros memorizados o sistemas de recuperación que pueden acercarse demasiado a la fuente original.
Por eso este episodio probablemente no cierre la guerra entre medios y laboratorios, pero sí la reordena. A corto plazo fortalece a OpenAI en el caso más simbólico del sector. A medio plazo, obliga a editoriales, jueces y legisladores a refinar una frontera que ya no gira solo en torno a quién copió qué, sino a qué tipo de aprendizaje automático está dispuesto a tolerar un sistema legal diseñado mucho antes de la IA generativa.
